Centenares de personas, incluyendo niños y adolescentes, fueron ejecutadas extrajudicialmente por la policía y por los «escuadrones de la muerte». Hubo informes de torturas y malos tratos a detenidos en las comisarías de policía y en las cárceles. Periodistas, activistas de derechos humanos, colaboradores de la Iglesia y fiscales que investigaban violaciones de derechos humanos cometidas por la policía recibieron amenazas de muerte.
